LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders ha presentado a la Conselleria de Agricultura diversas modificaciones al Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat para 2021 por lo que se refiere a la normativa autonómica de prevención, control y calidad ambiental de actividades y a la que regula el impacto ambiental. Cabe señalar que durante las últimas semanas se está abriendo a la audiencia e información pública de modificación de determinadas leyes para su incorporación en ese Anteproyecto de Ley, por lo que LA UNIÓ ha aprovechado ese proceso para incorporar esos cambios.

Desde LA UNIÓ, y a través de las observaciones presentadas, se pretende que la Conselleria asuma su compromiso del pasado mes de enero de armonizar la normativa destinada a homogeneizar la legislación en materia de explotaciones ganaderas con las del resto de comunidades autónomas y con la vigente Ley de Evaluación Ambiental que afecta a todo el territorio español.

Esta revisión que afecta a las instalaciones ganaderas se enmarcaba dentro de una adecuación legislativa encaminada a que las exigencias para el sector ganadero en la Comunitat Valenciana fueran las mismas que en las de otros territorios y, por tanto, se debería incrementar el umbral mínimo de animales de una granja para tener que realizar el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

En este sentido, el procedimiento más limitante a la hora de tramitar la implantación de nuevas explotaciones ganaderas, realizar ampliaciones o legalizar las existentes son los umbrales a partir de los cuales es necesaria la tramitación del Impacto Ambiental. Todas las comunidades autónomas colindantes con la Comunitat Valenciana tienen los umbrales acompasados de manera exacta, entre ellas y con la legislación estatal, excepto en nuestra autonomía, donde, por ejemplo, en vez de exigir la Evaluación de Impacto Ambiental a partir de las 2.000 plazas de porcino de engorde tal y como se solicita a nuestros vecinos, en la nuestra es preceptivo obtener este trámite a partir de las 400 plazas. Por lo que, en la práctica, dado que ningún emprendedor pone en marcha granjas porcinas de menos de 400 plazas, la totalidad de las granjas de Castellón, Valencia y Alicante pasan por los despachos del Departamento de Medio Ambiente de la Ciudad Administrativa 9 d’Octubre. Este hecho alarga innecesariamente los tiempos de la tramitación administrativa, según la propia Conselleria, debido a la falta de personal.

Además, y en la misma línea, nuestra normativa de Impacto Ambiental es del año 1989 y en el resto de comunidades autónomas vecinas es de entre 2007 y 2014. La Ley de Evaluación de Impacto Ambiental a nivel estatal es de 2013. Por ello, desde LA UNIÓ, hace tiempo que le hemos trasladado a la Conselleria de Agricultura, la necesidad de acompasar estos umbrales con el del resto de comunidades autónomas vecinas para reducir los tiempos de tramitación de los expedientes y para hacer igual de competitiva a nuestra ganadería con la del resto de territorios.

Como la Conselleria de Agricultura no acaba de impulsar esta adecuación normativa, desde LA UNIÓ y a través de sus aportaciones, se pretende que se realice a través de la conocida como Ley de Acompañamiento de los Presupuestos.

Otras observaciones

Por otra parte, desde LA UNIÓ se han presentado también observaciones a modificaciones legislativas que se van a enmarcar así mismo dentro del Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat de cara al próximo ejercicio.

Concretamente, una que se ha realizado a la propuesta de modificación de la Ley Forestal donde se pretende que recaiga la reparación de un incendio sobre el propietario forestal, independientemente de su responsabilidad sobre el mismo.

Y, finalmente, a la Ley de Ganadería donde se pretende dinamitar los avances en la convivencia entre el sector apícola y citrícola, incrementando la presión sobre el primero por incumplimiento del Acuerdo del Consell por el que se aprueban una serie de medidas para limitar la polinización cruzada entre plantaciones de cítricos.

Comparativa del número de plazas por CCAA a partir de las que se exige Evaluación de Impacto Ambiental