La campaña de la recogida de la uva se generaliza por las zonas productoras de la Comunitat Valenciana y la peor noticia para los agricultores es que no tienen precio por su cosecha, según denuncia LA UNIÓ de Llauradors. El problema es que las perspectivas no son nada halagüeñas porque si se sigue la tendencia de la comunidad vecina de Castilla-La Mancha, las cotizaciones podrían ser un 30% inferiores a las de la pasada que ya fueron desastrosas.

Todo ello además en un contexto de descenso medio de producción de alrededor del 20% en la Comunitat Valenciana, aunque es muy desigual dependiendo de la zona. Las primeras previsiones efectuadas por la Conselleria de Agricultura indicaban un incremento del 5% sobre la anterior campaña, pero los diferentes episodios de pedriscos de este verano han mermado la cosecha de forma considerable. No obstante, la cosecha es en general de excelente calidad. 

En el ámbito de la DO Valencia se espera una producción similar a la pasada, aunque en la subzona del Alto Turia sí se prevé una reducción por la sequía. La DO Utiel-Requena será la más afectada por esta disminución de producción, ya que el pedrisco del verano castigó a muchas zonas de la comarca, con afecciones que en algunos casos han superado el 90%. En la DO Alicante, en líneas generales, también se espera una reducción ligera de la cosecha, mientras que en Castellón la cosecha será ligeramente superior.

En el contexto estatal la campaña se ha iniciado con unas existencias de vino de 34,6 millones de Hl, lo que significa que son inferiores a las de la campaña anterior y en la línea de la media de las últimas. LA UNIÓ no entiende como en un marco de menor producción de uva y de menos existencias de vino no exista precio por la cosecha o en el mejor de los casos se sitúe por debajo de los costes de producción. En este sentido, reclama a la Agencia de Información y Control Alimentarios -AICA-, dependiente del Ministerio de Agricultura, que investigue a las bodegas privadas que están comprando uva sin fijar previamente el precio, algo ilegal al no haber un contrato obligatorio como el que establece la Ley de la Cadena Agroalimentaria.

LA UNIÓ se pregunta qué hace la interprofesional del vino, aparte de las famosas extensiones de norma y cobrar un dinero que en la realidad no está sirviendo para nada. No interviene ante esta situación de, al menos, presunta ilegalidad. Por ello la organización solicita que se revise su funcionamiento con objeto de que sea útil y defienda los intereses de todos, productores incluidos, y no solo los de una única parte del sector. También se pregunta qué están haciendo las organizaciones agrarias presentes en la interprofesional para impedir este atropello.

Las medidas extraordinarias puestas en marcha por el Ministerio de Agricultura en el sector vitivinícola para hacer frente a la crisis del Covid-19 se han mostrado ineficaces. Ni la destilación, ni el almacenamiento privado ni la cosecha en verde han supuesto mejoras en la renta de los productores, aunque sí para los especuladores de siempre que se aprovechan de la situación provocada por la pandemia para aumentar sus beneficios. “Con un presupuesto escaso, el retraso en poner las medidas en marcha y las trabas puestas, el paquete COVID para el vino no ha tenido los efectos deseados y encima la industria siempre busca excusas para tensionar el precio a la baja por estas fechas”, apuntan desde la organización, recordando que mientras Francia ha complementado medidas parecidas con importantes recursos estatales, el Ministerio se ha limitado a redistribuir el mismo dinero de Bruselas con el que ya se contaba en el Programa de Apoyo al sector vitivinícola español (PASVE). 

Los viticultores están afrontando la vendimia, además, pendientes de los protocolos de seguridad para preservar, en aquello que esté en su mano, tanto su propia salud, como la de sus trabajadores en el escenario del coronavirus, circunstancia que les va a incrementar los costes. “Nosotros tenemos la conciencia tranquila de haber hecho los deberes, todo lo contrario que la Generalitat que ha eludido su responsabilidad y sin ningún consenso ha decidido cargar con sus medidas más sobrecostes económicos y burocracia a las espaldas de los agricultores”, apuntan desde LA UNIÓ.