LA UNIÓ pide que cualquier acuerdo comercial que la UE firme o renegocie con terceros países tenga en cuenta a los sectores afectados y se estudie su impacto

LA UNIO - 14 May, 2019

También solicita entre sus propuestas a las elecciones europeas una PAC para los genuinos profesionales del campo y una regulación europea de la posición de dominio de las grandes cadenas de distribución y la venta a pérdidas

LA UNIÓ, de cara a las elecciones al Parlamento Europeo del 26M, demanda a las diversas formaciones políticas que cualquier nuevo acuerdo -como los que se negocian ahora con Méjico o el Mercosur- o renegociación que la UE suscriba con terceros países debería tenir siempre en cuenta a los sectores afectados y contar con un estudio de impacto riguroso sobre los mismos. Esta organización y el resto de las que componen en el ámbito estatal la Unión de Uniones han enviado una copia de su documento de propuestas a las candidaturas que concurren a los comicios europeos.

También considera imprescindible LA UNIÓ que se tengan en cuenta aspectos como la reciprocidad en los acuerdos comerciales con países terceros para evitar que nuestras producciones puedan quedar en desventaja, ser menos competitivas y que los productos que entran sean sometidos a los controles de seguridad y salud pertinentes. “No hay competencia real, sino deseleal, si las exigencias de partida de los productos importados y los que producimos en nuestros campos no son equiparables”, se concluye en una de las propuestas de LA UNIÓ.

Sobre la PAC reclama a los diferentes partidos políticos que defiendan unas ayudas enfocadas a los agricultores y ganaderos profesionales, que estabilice los mercados en niveles de precios dignos y que proteja el modelo agrario y rural europeo frente a la competencia exterior desleal. Insiste en la importancia de defender en el Parlamento Europeo que la futura PAC vaya, como dicen sus principios aprobados en el Tratado de Funcionamiento de la UE, encaminada a aumentar la renta de los que trabajan en la agricultura, reservando las ayudas directas a los genuinos profesionales de esta actividad. 

La organización propone que se defina claramente esta figura condicionándola a que las rentas agrarias que obtengan supongan, como mínimo, un 25% del total; aunque exceptuándose de esta condición a los perceptores de 1.250 euros anuales o menos para no excluir a determinados sectores sociales del mundo rural. Plantea, asimismo, que los Estados miembros tengan la capacidad de poder establecer un pago directo complementario para los agricultores y ganaderos cuyas rentas dependan en más de un 50 % de la actividad agraria. En este sentido, propone que los derechos históricos sean suprimidos y sustituidos por referencias basadas en el potencial agroeconómico, considerando así un reparto más justo y equitativo.

Considera además LA UNIÓ que la PAC que se perfile en Europa ha de respetar las peculiaridades de los Estados miembros y tener la flexibilidad de adaptación a cada país, sin dejar de marcar los objetivos comunes y pilares sobre los que sustenta, reduciendo también la complejidad y carga burocrática. Igualmente, la organización propone que se incorporen y actualicen en la misma los umbrales de referencia para considerar que existe perturbación de mercado en determinados sectores o productos y se puedan anticipar soluciones.

Definición europea de posición de dominio y regulación de venta a pérdidas

Entre sus propuestas LA UNIÓ plantea que sea el 8% -actualmente no existe- la cuota de mercado de la industria agroalimentaria, de la distribución y del comercio minorista que debe ser considerada como posición de dominio en un mercado de referencia, a partir del cual las prácticas abusivas ejercidas desde dicha posición de dominio pueden ser perseguidas y sancionadas. De esta forma, según la organización, se podría reducir la brecha existente entre precio en origen y precio al consumidor que beneficia claramente a la industria y la distribución en la actualidad.

Además, pide que se regule y prohíba la venta a pérdidas en toda la cadena alimentaria, de forma que incorpore todos los gastos directos e indirectos incurridos y no sólo el precio de compra, contribuyendo así a evitar el uso ilícito de productos agrarios como reclamo comercial. Por otra parte, pide que la UE sea la garante del buen funcionamiento de las interprofesionales y que éstas sean objetivas, representen fielmente al conjunto del sector y no defiendan sólo los intereses de una parte.

“Creemos en una Europa unida y pensamos que esta unión es importante para el sector productor; pero debe servir para defender el modelo que hemos decidido”, afirma Carles Peris, secretaría general de LA UNIÓ.