LA UNIÓ de Llauradors ha solicitado hoy al Ministerio de Agricultura, en el transcurso de la reunión mantenida con la Directora General de Producciones y Mercados Agrarios, Esperanza Orellana, una ayuda excepcional y con carácter temporal para todos los productores de cítricos a los que se les quede la cosecha en el árbol sin recoger, en términos muy parecidos a las concedidas por el veto ruso a las exportaciones europeas.

LA UNIÓ considera positiva la retirada de cítricos para industria propuesta por el Ministerio, pero es totalmente insuficiente y no llegará de forma directa a los agricultores; de ahí que proponga también la medida anterior que “sí beneficia el maltrecho bolsillo del productor”. Se trata en términos técnicos de “la renuncia a efectuar la cosecha de cítricos a las organizaciones de productores del sector de cítricos y a los productores que no sean miembros de dichas organizaciones”. Esta medida excepcional ya se estableció en el Reglamento Delegado (UE) 2017/1165 de la Comisión de 20 de abril para paliar los efectos del veto ruso. Para garantizar la desnaturalización de la misma -evitar que se estropee la fruta-, tal y como se establece en el artículo 31 del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892 de la Comisión de 13 de marzo de 2017, se debería tirar la cosecha al suelo.

Es la principal novedad coyuntural transmitida en Madrid por una delegación de LA UNIÓ; encabezada por el secretario general Carles Peris; el miembro de la Comisión Ejecutiva y representante en la Unión de Uniones, Luis Javier Navarro y el secretario técnico, Joanma Mesado. Sin embargo, no ha sido la única medida trasladada a los responsables ministeriales. En este sentido, se ha instado también a impulsar a través de la Federación Española de Municipios y Provincias una exención del Impuesto de Bienes de Inmuebles (IBI) de todos los bienes afectos a la actividad citrícola. También establecer una reducción de los índices de rendimiento neto para el sector citrícola en el IRPF del ejercicio 2018 o fomentar el acceso a líneas específicas de financiación del sector citrícola a través de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).

Pero LA UNIÓ ha reclamado así mismo otro tipo de medidas de carácter estructural como es el establecimiento de la cláusula de salvaguarda a las importaciones de cítricos de Sudáfrica. En este aspecto, cuestiona el posicionamiento en general del Gobierno español y en particular de la ministra de Economía, Nadia Calviño que “parece más una responsable ministerial de Sudáfrica que española, porque sólo los agricultores de la Comunitat Valenciana han perdido en esta primera parte de la campaña la friolera de 134 millones de euros, fundamentalmente por la saturación de cítricos sudafricanos en los mercados europeos según los datos disponibles”.

También ha demandado LA UNIÓ renegociar los tratados internacionales con incidencia en el sector citrícola español para establecer en ellos una reciprocidad real de las normativas europeas en materia fitosanitaria, medioambiental y laboral a las producciones agrarias procedentes de países terceros; así como exigir la implantación del tratamiento en frío en tránsito a todos los cítricos procedentes de países terceros con plagas de cuarentena.

Otra medida solicitada es impulsar una reestructuración del sector estableciendo normativamente límite a los royalties abusivos.

Sobre la interprofesional citrícola Intercitrus, LA UNIÓ pide profundizar en la normativa comunitaria y estatal y en los compromisos de los actores implicados para que la interprofesional realice funciones de ordenación del mercado citrícola español. Sobre ésta, LA UNIÓ se congratula que gracias a sus críticas la interprofesional se reactive tras un letargo de más de diez años y espera que no sea “un nuevo brindis al sol”.

Finalmente, LA UNIÓ ha pedido al Ministerio de Agricultura el establecimiento de personal experto en el sector citrícola en la Oficina de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea -igual que va a hacer la Generalitat en su Delegación en Bruselas a petición de LA UNIÓ- para promover y defender los intereses de los citricultores españoles y valencianos en el proceso de toma de decisiones que afecten a este sector, defender la posición española consensuada con las organizaciones profesionales agrarias implantadas en las zonas citrícolas e influir en las decisiones siempre con el objetivo de conseguir tanto unas relaciones internacionales más justas para el sector citrícola como una normativa sectorial más equilibrada para los citricultores en materias medioambientales, fitosanitarias y de mercado.