La campaña del caqui está conllevando bastantes problemas para los productores hasta el punto de que LA UNIÓ de Llauradors haya presentado ya varias denuncias ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura. Hoy mismo se han presentado nuevas -que se suman a las de los últimos meses- por renegociaciones de lo pactado en contrato, tanto en lo referente al contenido como en los requisitos que, en cualquier caso, perjudican los intereses del vendedor y su buena fe a la hora de formalizar dicho contrato.

La organización agraria ha trasladado a la AICA que inicie los controles e inspecciones requeridos para comprobar si la práctica de esas empresas vulnera lo establecido en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

Una de las denuncias hace referencia a una importante empresa de la Comunitat Valenciana. En la primera cláusula del contrato se realiza ahora una modificación del calibre de la fruta a recolectar a la que se obligó la empresa en el contrato. En la tercera cláusula se efectúa, por una parte, una modificación del precio pactado inicialmente que estaba alrededor de los 0,27 euros por kg (más IVA), por lo que existe una reducción de un 73% del precio previsto inicialmente.

Por otra parte, para la fruta que no cumple con un determinado calibre se establece la práctica, supuestamente ilegal, del pago a comercializar, es decir, sin un precio fijo y a expensas de la liquidación de la fruta por parte de la empresa y sin que se informe al vendedor, transparentemente, de los gastos que va a soportar y el margen comercial que va a aplicar la empresa a esa fruta. Esta cláusula podría, supuestamente, ir en contra de lo establecido en el artículo 9 de la Ley 12/2013 de la Cadena Agroalimentaria.

Por lo que se refiere a la cláusula cuarta del contrato, la empresa denunciada hace una reducción del precio pactado inicialmente para aquella fruta que haya sido recol·lectada, antes de informar al vendedor del contenido de la Adenda al contrato.

A juicio de LA UNIÓ, la empresa denunciada realiza una modificación de lo pactado inicialmente mediante contrato alegando circunstancias del mercado que no podía prever, como es lo habitual por otra parte. La empresa insta al vendedor a la aceptación de las modificaciones del contrato contempladas en la Adenda al mismo, pero en ningún momento informa al vendedor de las consecuencias en el caso de que este último no acepte el contenido de la Adenda.

LA UNIÓ indica que no entiende la situación de la campaña puesto que la previsión de cosecha se situaba en unos parámetros normales tras la catastrófica campaña pasada y la realidad en campo así lo indica. Las estimaciones de LA UNIÓ preveían unos 400 millones de kg, un incremento notable sobre la anterior que tuvo una producción anormalmente baja, pero apenas un 3% superior a la de 2017 que fue de 385 millones de kg.

Por tanto, la organización agraria considera que con esa producción bastante normal el hecho de que se pretendan rehacer tratos de compraventa pactados de antemano “suena a excusa barata y carente de justificación”.