LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders ha solicitado hoy una regulación del poder de negociación para evitar el desequilibrio actual que existe entre los diferentes operadores de la cadena agroalimentaria. Interviene el secretario técnico de la organización, Joanma Mesado, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados sobre el proyecto de ley que modifica la Ley 12/2003 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria

LA UNIÓ cree que no puede ser el margen de beneficio de los productores el que absorba los incrementos de costes a lo largo de la misma, tal y como está ocurriendo en la actualidad, y por ello aboga por equilibrar el poder de negociación en la cadena para que algunos agentes no impongan sus condiciones al eslabón más débil de la cadena, que habitualmente es el sector productor primario.

Para la organización hay que desterrar la idea histórica de abuso de posición de dominio de la distribución, por conducir a un camino sin salida, y reivindicar ya nuevas herramientas coordinadas con el Derecho de la competencia para controlar el poder de mercado como es, por ejemplo, la regulación del poder de negociación.

Joanma Mesado indica en su intervención que el gran poder de negociación de la gran distribución invierte completamente el proceso de configuración del precio, que no se realiza desde la venta, sino desde la compra. “La gran distribución –último comprador antes del consumidor- es quien indica a qué precio quiere vender el producto al consumidor, y le comunica a qué precio le quiere comprar al transformador, quién a su vez presiona y comunica el precio al que quiere comprar al comprador y, finalmente, éste replica el procedimiento con el productor, a quien los márgenes y el precio ya le llegan muy ajustados, sino directamente inviables”. A juicio de LA UNIÓ es aquí donde se encuentra el fallo de mercado y el motivo por el que se necesita imperiosamente una regulación del poder de mercado entendido en su doble sentido de poder de compra y poder de negociación.

También considera que una adecuada protección de la cadena exigiría dos actuaciones: por una parte y tras las gestiones realizadas por la Agencia de Información y Control Alimentarios la publicación íntegra de todas las resoluciones que finalicen con sanción –como medida desincentivadora para el infractor-; y, por otra, la instauración en la Ley de la cadena de un sistema de reclamación de daños y perjuicios derivados del incumplimiento decretado en resolución administrativa o judicial firme.

Para LA UNIÓ, es necesario establecer costes de referencia para cada producción dentro de una horquilla lógica en función de tamaño de la explotación y su situación (no es lo mismo una planicie que una explotación abancalada, por ejemplo) o también en función de los costes laborales. Este proceso de establecer la horquilla de costes lo debería tutelar la Administración, pero quien lo han de calcular son las Interprofesionales, ya que está dentro de sus finalidades.

“Las interprofesionales españolas deben dejar de ser un corralito recaudatorio únicamente para la promoción a costa de los productores y cumplir con todos los fines que le fija la Ley como es el de realizar un estudio de los costes”, ha aseverado el secretario técnico de LA UNIÓ. En el contexto actual de precios bajos en muchos sectores, las Organizaciones Interprofesionales deberían ser las herramientas más importantes para mejorar la vertebración del sector y su capacidad de actuación conjunta.