LA UNIÓ logra ampliar hasta 2028 el plazo para seguir ejerciendo la actividad ganadera a pesar de no poder obtener la licencia

LA UNIO - 03 Mar, 2018

La Ley de ganadería de la Comunitat Valenciana, que entró en vigor el 1 de abril de 2003, tiene como objetivo general regular la actividad ganadera en nuestra comunidad autónoma. Todo ello amparado por lo dicho en su preámbulo, en el que se indica específicamente como objetivo fundamental la promoción del desarrollo de la actividad ganadera de una manera sostenible, especialmente en las áreas de interior, fijando las condiciones y estímulos para el ejercicio de la misma. Todo ello en base al artículo 130 de la Constitución que establece un mandato dirigido a los poderes públicos en el que se cita textualmente «atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles».

Por ello LA UNIÓ dirigió, ya en el año 2017, petición a la Consellera de Agricultura, recordándole que el 1 de abril de 2018 finalizaba el plazo establecido, en la citada Ley de Ganadería, para que pudieran seguir ejerciendo la actividad aquellas instalaciones ganaderas que, a la entrada en vigor de la presente ley, estuvieran inscritas en la Lista de explotaciones ganaderas con anterioridad a mayo de 1995, y que carecieran de la correspondiente Licencia para ejercer la actividad y no pudieran obtenerla por razones urbanísticas relativas a su emplazamiento

En esa misiva, y en las posteriores reuniones que se han sucedido al respecto, LA UNIÓ propuso la necesidad de ampliar ese plazo para que las explotaciones ganaderas que se encontraran en esa situación pudieran continuar ejerciendo la actividad ganadera, siempre que las instalaciones cumplieran las condiciones higiénicas, sanitarias, de bienestar animal y medioambientales legalmente exigidas.

La justificación era muy clara y la Conselleria así lo ha entendido; las explotaciones ganaderas cumplen una misión primordial en las zonas de interior donde se ubican, vertebrando el territorio, fijando población en municipios de interior, creando empleo estable y complementando la actividad agrícola, con los beneficios que esto produce. Por ello, cerrar explotaciones ganaderas que funcionan, producen carne segura y de calidad, generan beneficios económicos y de sostenibilidad de los municipios de interior y hasta el momento no han tenido problemas de higiénicos, sanitarios, de bienestar animal ni medioambientales, no tenía ningún sentido.

Además, esta posibilidad se introdujo en la Ley de 2003 e iba acompañada de una línea de ayudas al traslado de estas explotaciones ganaderas. Estas ayudas se dejaron de publicar por la Conselleria de Agricultura en el año 2009, por lo que la mayoría de ellas nunca se pudieron acoger a esta opción. Esta ha sido otra de las demandas de LA UNIÓ, dotar presupuestariamente esta línea para que se puedan hacer efectivos los traslados.

Cabe destacar, que estas granjas han sido objeto de numerosas presiones por parte de Ayuntamientos, para que cesaran en su actividad por quejas o denuncias de vecinos establecidos, en la mayoría de los casos, con posterioridad a la de las explotaciones ganaderas. Desde LA UNIÓ siempre hemos defendido estos casos y en estos 15 años hemos conseguido que las explotaciones ganaderas que nos han trasladado estas presiones no fueran cerradas en ninguno de los casos.

Des del pasado 1 de enero de 2018 y gracias a las gestiones realizadas por LA UNIÓ, ya consta en la Ley de ganadería que aquellas explotaciones ganaderas, inscritas en la Lista de explotaciones ganaderas con anterioridad a mayo de 1995 y que no se puedan legalizar por motivos urbanísticos puedan seguir ejerciendo la actividad hasta el 1 de abril de 2028. Dando este mismo plazo a la Conselleria, para que ponga en marcha líneas de ayuda al traslado de estas explotaciones ganaderas.