LA UNIÓ de Llauradors ha solicitado hoy en el transcurso de una reunión mantenida en el Ministerio de Agricultura una serie de medidas urgentes y efectivas que sirvan para compensar en parte los más de 300 millones de euros en pérdidas causadas por la sequía durante los últimos meses en la Comunitat Valenciana ya que las propuestas que existen hasta la fecha son totalmente insuficientes.

Junto al resto de organizaciones territoriales de la Unión de Uniones, los representantes de LA UNIÓ han trasladado al sudbirector general de Análisis, Prospectiva y Coordinación del Magrama, Gonzalo Eiriz y al director de ENESA, Jose María de Francisco, las medidas planteadas para mitigar los problemas de los agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana derivados de la falta de agua.

LA UNIÓ ha pedido que se pongan en marcha los mecanismos permitidos por la Unión Europea y se otorguen las ayudas directas de mínimis a todos los agricultores y/o ganaderos profesionales para compensar, al menos, parcialmente, los daños causados por la ausencia de precipitaciones en sus explotaciones, incrementando el tope máximo por explotación de 15.000 € que permite la UE, en función de las unidades productivas de superficie o ganado de cada explotación.

También ha reclamado una ayuda al pago de la energía eléctrica de los pozos y motores de riego, pues la falta de lluvia provoca un incremento de riego y en consecuencia un aumento de horas riego y de bombeo; así como la reducción o exoneración del pago de tarifa de utilización de agua y la correspondiente al canon de regulación, considerándolo un sinsentido en la situación en la que se encuentran muchas explotaciones y cultivos. En este mismo sentido se ha instado al Magrama a la exención del pago por la disponibilidad de agua para la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (cuota tarifa utilización agua y canon regulación, aportaciones a los gestos fijos y variables de funcionamiento de la tarifa de conducción de las aguas de los ejercicios 2017 y 2018 y la cuota de 2017 y 2018 de la tarifa de conducción de aguas por la infraestructura del postrasvase).

En cuanto a los seguros agrarios, ha demandado que se incorpore en las líneas de seguro de cultivos de regadío una nueva cobertura de sequía hidrológica, actualmente inexistente. Así mismo ha solicitado la exención de las cotizaciones a la Seguridad Social, por un período de doce meses, y no moratoria como ha sido publicado mediante la Orden ESS/1006/2017, de 19 de octubre. También ha propuesto la exención del pago anual del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) compensando a los Ayuntamientos a través de los Presupuestos Generales del Estado o las reducciones de los módulos fiscales en el IRPF. Sobre este tema ha propuesto para los titulares que tributen por el sistema de estimación directa en el IRPF el incremento de los gestos de difícil justificación del 5 al 20% por los trabajos realizados para paliar la sequía.  

Igualmente, LA UNIÓ ha indicado que los créditos tienen problemas, al no conceder SAECA los avales necesarios. “Los productores entran en un bucle sin fin y no consiguen nada y se debe cambiar la forma de otorgar estos créditos y préstamos para aquellos que los necesitan. Si tienen que tener dinero para acceder a los préstamos, igual es que tampoco los necesitan” – han explicado. Por otro lado, la organización ha insistido en la necesidad de dotar de presupuestos a la Ley de Sequía que actualmente está en tramitación en el Senado, así como de contemplar medidas concretas para evitar que se convierta en un brindis al sol o una mera declaración de intenciones. En este sentido, están previstas en agenda varias reuniones con los grupos parlamentarios para trasladarles éstas y otras propuestas encaminadas a crear una Ley de Sequía que favorezca de verdad al campo y resuelva los problemas de los productores.