LA UNIÓ y el conjunto de las organizaciones que componen la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras un análisis más profundo de los presupuestos de Agricultura, destaca el bajo grado de ejecución de los últimos años, la disminución del peso de agricultura y la ganadería respecto a otros capítulos y la escasa fiabilidad que representan.

LA UNIÓ cree que el Ministerio estaría renunciando a políticas propias dejando la agricultura española en manos de Europa, ya que el 80 % de lo presupuestado proviene de fondos europeos. Asimismo, la organización resalta el bajo nivel de cumplimiento de los presupuestos del Gobierno, que en 2015 dejaron sin gastar 2.983 millones de euros; en 2016 1.138 millones y en 2017 otros 1.287 millones de euros; arrojando una media de 1.800 millones de euros en cada ejercicio.

Este deficiente grado de ejecución no es todavía peor gracias a que, precisamente, en los pagos procedentes de fondos europeos para la PAC el Ministerio tiene un escaso margen para hacerlo mal porque son de aplicación directa; pero en aquellos gastos en los que prima la participación nacional, como sucede en el capítulo de inversiones, que además se ha reducido más de un 61% desde 2009, el incumplimiento alcanza cifras del 40%.

En el detalle presupuestario, cabe destacar la desaparición para 2018 de la partida de cerca de 4 millones de euros que iba destinada a la ayuda nacional a los frutos secos, debiéndose además a los agricultores los casi 8 millones de 2016 y 2017, que no se han pagado; por lo que LA UNIÓ reclama soluciones para estos productores. Igualmente se critica la congelación de las asignaciones para sanidad animal y vegetal, pese a que las necesidades evidenciadas en el sector, por ejemplo, en materia del control sanitario de la fauna silvestre o por la expansión de la Xylella.

Otra enmienda presentada insta al Ministerio de Fomento y al de Agricultura a adoptar medidas de limpieza y prevención de las infraestructuras públicas y del dominio público hidráulico, donde los conejos encuentran refugio y desde donde atacan a los cultivos.

La organización considera también que el proyecto de presupuestos, en cuanto a seguros agrarios, no recoge el mandato claro al Gobierno establecido en la Ley 1/2018 de sequía al Gobierno, para que se contemple una partida acorde al aumento de las contrataciones, que es previsible como consecuencia de la grave sequía de 2017.

“La agricultura y ganadería pierden cada vez más peso en los presupuestos del Estado y no sólo es insuficiente, sino que, además, en buena parte, son mera apariencia y no se cumplen, sobre todo cuando no son recursos de Bruselas, sino que es el Estado el que tiene poner el dinero en sanidad vegetal y animal, seguros y apoyo a los sectores”, señala.

LA UNIÓ, por otro lado, pone el acento en que la Ley de Presupuestos incluye la consolidación normativa de la discriminación que sufren los agricultores y ganaderos en la valoración de las construcciones que son indispensables para su trabajo, como almacenes o naves, al someterles a la misma valoración y por lo tanto al mismo trato fiscal que a naves industriales, sin tener en cuenta el valor socioeconómico de rendimiento.

“Los agricultores y ganaderos estamos dispuestos a pagar el IBI con criterios justos y equitativos, como todos, pero no se puede, por ley, mantener una discriminación que llevamos denunciando desde hace tiempo y que está basada en criterios, a nuestro juicio, equivocados”, indican.