LA UNIÓ cree que la consellera Elena Cebrián elude responsabilidades sobre las licencias para las granjas en la Comunitat Valenciana

LA UNIO - 22 Jun, 2018

Todo son trabas en la Comunitat Valenciana para abrir o ampliar una granja cuando en las comunidades autónomas vecinas son todo facilidades

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders cuestiona el posicionamiento de la consellera de Agricultura, Elena Cebrián, referente a la problemática sobre las licencias para granjas y considera que “elude sus responsabilidades” en un asunto de gran importancia social y económica para las zonas rurales de la Comunitat Valenciana.

Ramón Mampel, secretario general de LA UNIÓ, indica que han trasladado este problema ya directamente a la consellera y a su equipo varias veces, y es muy claro al respecto: “O la consellera Elena Cebrián desconoce la realidad del mundo rural valenciano o alguien le está asesorando mal porque dice cosas que no son ciertas y se llenan la boca de una agenda antidespoblamiento, pero olvidan que las granjas generan rentas en muchos municipios de zonas económicamente deprimidas en las que cada vez es más difícil que sus habitantes permanezcan”.

Mampel indica que lo cierto es que “entre unas cosas y otras los ganaderos de la Comunitat Valenciana que desean abrir o ampliar una granja tienen cada vez más trabas burocráticas para ejercer la actividad y los trámites son eternos -hasta cuatro años en algunos casos-, situación que contrasta con la actitud diligente de otras comunidades autónomas donde facilitan la actividad”.

El problema donde se bloquean los expedientes, tanto de apertura como ampliación o regularización administrativa de granjas ya en funcionamiento, proviene de la exigente normativa en la Comunitat Valenciana para lograr el informe de impacto ambiental. Por ejemplo, en comunidades vecinas como Aragón, Cataluña o Castilla la Mancha se requiere el visto bueno ambiental en una granja de porcino a partir de una capacidad de 2.000 plazas de cerdos, mientras que en la Comunitat Valenciana es imprescindible para instalaciones de solo 400 plazas.

En sus últimas declaraciones o en su reciente intervención en les Corts el pasado 5 de junio la consellera califica como “enormes” las granjas con una dimensión rentable cómo son las de más de 2.500 plazas de engorde de porcino o las de más 85.000 pollos de engorde (que se tramitan a través de una autorización ambiental integrada), cuando por ejemplo en las comunidades autónomas vecinas esto ni se cuestiona mientras cumplan la legalidad vigente.

Afirma la consellera de Agricultura en sede parlamentaria que “el motivo de la necesidad de autorización ambiental integrada es que tienen implicaciones por su emisión de nitrógeno, cuando no es así de una forma generalizada y depende del uso y tratamiento que se haga en cada explotación de los subproductos (purín y gallinaza), que por cierto en la mayor parte de casos se utiliza para hacer una fertilización orgánica en lugar de química de acuerdo con las recomendaciones de la Unión Europea, como responde LA UNIÓ.

Por otra parte, el procedimiento actual legal marca que las autorizaciones ambientales integradas se tienen que presentar en la Conselleria, y no son los Ayuntamientos los encargados de remitirlo a ésta, tal y como repite la consellera en sus recientes intervenciones.

Por otra parte, las explotaciones ganaderas que se tramitan a través de una licencia ambiental (entre 400 y 2.500 plazas de engorde de porcino y entre 10.000 y 85.000 plazas de pollos de engorde) también pasan por Conselleria debido a la tramitación del estudio de impacto ambiental y por ello la práctica totalidad de los expedientes de legalizaciones de explotaciones ganaderas pasan por la Generalitat.

LA UNIÓ señala que los Ayuntamientos dan la licencia ambiental, pero necesitan el visto bueno de la Conselleria para el impacto ambiental y por tanto la legalización no depende única y exclusivamente de los Consistorios como afirma la consellera Cebrián en reiteradas ocasiones, eludiendo la responsabilidad en este asunto que compete a su departamento.

Por otra parte, la consellera nombra también en les Corts la Ley 16/2002 que es una disposición derogada y fue sustituida por el R.D. Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. LA UNIÓ no entiende como la máxima autoridad en ganadería de la Comunitat Valenciana nombre en sesión parlamentaria una normativa derogada hace ya dos años de un tema de tanta importancia.